Friday, January 13, 2006
PEDERASTA Y VENDEDOR DE CONTRATOS DE "PROTECCION"
Jorge Sunderland, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), afirmó que "el halo" que protege al líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de pederastia, "abarca a las autoridades laborales y judiciales, pues además de ser exonerado, su más reciente logro es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le autorizara los contratos colectivos en blanco de las empresas aéreas A Volar y Vuela".
Sunderland sostuvo que el presunto pederasta controla más de 2 mil contratos leoninos en todo el país, con alrededor de 350 mil trabajadores, y agrupa a cerca de 20 sindicatos blancos de protección, que operan en 11 ramas de la industria y servicios.
En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), José Guadalupe Carrera Domínguez, se negó ayer a emitir una opinión en torno a la resolución absolutoria otorgada al presunto pederasta Ramón Salvador Gámez Martínez, por la juez 15 de lo penal, Beatriz Elena Moreno Cárdenas. Argumentó que al hablar "sobre el contenido de la sentencia" estaría "prejuzgando", lo que no puede hacer en su carácter de titular de ese órgano autónomo.
A la par, diputados locales y dirigentes de PRD, PAN y PRI, así como líderes sindicales, exigieron a las autoridades judiciales ir a fondo en ese caso, aclarar bajo qué términos se dio la liberación del también considerado zar de los contratos de protección, y castigar enérgicamente a quienes tengan alguna responsabilidad, ya sean funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del DF o del juzgado 15 de lo penal, pues ese hecho constituye "un agravio a la sociedad".
Carrera Domínguez, cuestionado sobre el caso al salir de las oficinas del TSJDF, se limitó a reiterar que el Consejo de la Judicatura analiza la actuación tanto del secretario de acuerdos, Miguel Angel Pérez, como de la titular del juzgado 15, "para establecer si hubo alguna irregularidad en la sentencia".
Anunció que en breve se reunirá con jueces y magistrados de los cuatro ámbitos judiciales: penal, civil, familiar y de arrendamiento, "para reiterarles que nuestra función es la de impartir justicia cuidando todos los preceptos de imparcialidad, objetividad y anteponiendo cualquier interés o presión de persona o grupo".
En la Asamblea Legislativa, los coordinadores del PAN, Carlos Alberto Flores, y del PRI, Mauricio López Velázquez, y los presidentes de las comisiones de Gobierno, Carlos Reyes Gámiz, y de Administración y Procuración de Justicia, Alfredo Hernández Raigosa, así como el líder del PAN-DF, Carlos Gelista, reclamaron que el Consejo de la Judicatura estudie a fondo en el asunto y se evite que haya impunidad en favor de Gámez Martínez, acusado de corrupción de menores.
Incluso López Velázquez y Hernández Raigosa mencionaron la posibilidad de que se integre en la ALDF una comisión especial para investigar el caso.
Sin embargo, manifestaron sus reservas respecto de la iniciativa de ley enviada por el Gobierno del DF para modificar la Ley Orgánica del TSJDF y poder ejercer acción penal contra jueces, magistrados y consejeros, pues podría atentar contra su autonomía.
Trascendió que será la quinta sala del TSJDF -y no la octava como se había anunciado- la que revise la sentencia absolutoria, mientras que el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, no descartó que la juez Moreno Cárdenas sea llamada a declarar, dentro de la investigación que la Fiscalía de Servidores Públicos realiza a su secretario de acuerdos.
Ayer, unos 80 miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se congregaron en la entrada del área de juzgados del Reclusorio Oriente, con el objetivo de "dialogar" con la juez Moreno Cárdenas respecto del juicio al líder sindical. Al no ser recibidos por la impartidora de justicia, amenazaron con ir a su domicilio particular, y anunciaron que el próximo martes se manifestarán en las oficinas del TSJDF
Sunderland sostuvo que el presunto pederasta controla más de 2 mil contratos leoninos en todo el país, con alrededor de 350 mil trabajadores, y agrupa a cerca de 20 sindicatos blancos de protección, que operan en 11 ramas de la industria y servicios.
En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), José Guadalupe Carrera Domínguez, se negó ayer a emitir una opinión en torno a la resolución absolutoria otorgada al presunto pederasta Ramón Salvador Gámez Martínez, por la juez 15 de lo penal, Beatriz Elena Moreno Cárdenas. Argumentó que al hablar "sobre el contenido de la sentencia" estaría "prejuzgando", lo que no puede hacer en su carácter de titular de ese órgano autónomo.
A la par, diputados locales y dirigentes de PRD, PAN y PRI, así como líderes sindicales, exigieron a las autoridades judiciales ir a fondo en ese caso, aclarar bajo qué términos se dio la liberación del también considerado zar de los contratos de protección, y castigar enérgicamente a quienes tengan alguna responsabilidad, ya sean funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del DF o del juzgado 15 de lo penal, pues ese hecho constituye "un agravio a la sociedad".
Carrera Domínguez, cuestionado sobre el caso al salir de las oficinas del TSJDF, se limitó a reiterar que el Consejo de la Judicatura analiza la actuación tanto del secretario de acuerdos, Miguel Angel Pérez, como de la titular del juzgado 15, "para establecer si hubo alguna irregularidad en la sentencia".
Anunció que en breve se reunirá con jueces y magistrados de los cuatro ámbitos judiciales: penal, civil, familiar y de arrendamiento, "para reiterarles que nuestra función es la de impartir justicia cuidando todos los preceptos de imparcialidad, objetividad y anteponiendo cualquier interés o presión de persona o grupo".
En la Asamblea Legislativa, los coordinadores del PAN, Carlos Alberto Flores, y del PRI, Mauricio López Velázquez, y los presidentes de las comisiones de Gobierno, Carlos Reyes Gámiz, y de Administración y Procuración de Justicia, Alfredo Hernández Raigosa, así como el líder del PAN-DF, Carlos Gelista, reclamaron que el Consejo de la Judicatura estudie a fondo en el asunto y se evite que haya impunidad en favor de Gámez Martínez, acusado de corrupción de menores.
Incluso López Velázquez y Hernández Raigosa mencionaron la posibilidad de que se integre en la ALDF una comisión especial para investigar el caso.
Sin embargo, manifestaron sus reservas respecto de la iniciativa de ley enviada por el Gobierno del DF para modificar la Ley Orgánica del TSJDF y poder ejercer acción penal contra jueces, magistrados y consejeros, pues podría atentar contra su autonomía.
Trascendió que será la quinta sala del TSJDF -y no la octava como se había anunciado- la que revise la sentencia absolutoria, mientras que el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, no descartó que la juez Moreno Cárdenas sea llamada a declarar, dentro de la investigación que la Fiscalía de Servidores Públicos realiza a su secretario de acuerdos.
Ayer, unos 80 miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se congregaron en la entrada del área de juzgados del Reclusorio Oriente, con el objetivo de "dialogar" con la juez Moreno Cárdenas respecto del juicio al líder sindical. Al no ser recibidos por la impartidora de justicia, amenazaron con ir a su domicilio particular, y anunciaron que el próximo martes se manifestarán en las oficinas del TSJDF
Monday, January 09, 2006
DECLARACION DE LA FEDERACION DE SINDICATOS INDUSTRIA TEXTIL SOBRE PERSECUSION DE SINDICALISTAS PUEBLA MEXICO
En una carta dirigida a Marín, la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC ) –que tiene su sede en Bruselas y aglutina a 220 organizaciones afiliadas en 110 países, con una membresía combinada de 10 millones de trabajadores–, advirtió que “en el clima de competencia internacional intensa que existe en la industria vestuaria de hoy, México no puede permitirse ser visto como un país que viola las normas laborales internacionales”.
Dice Neil Kearney, secretario general de la FITTVC: “en lugar de encarcelar a Martín Barrios, las autoridades deberían felicitarle por defender los derechos de los trabajadores explotados”.
“Según informan sus trabajadores, existen muchas irregularidades en su fábrica. Las violaciones incluyen la falta de contractos, las jornadas de trabajo de 12 horas, el trabajo de menores, y un régimen de castigos a través de descuentos salariales, incluyendo para faltas mínimas tales como llegar un minuto tarde. Los trabajadores están perdiendo el 40 por ciento de su salario en descuentos impuestos injustamente por la empresa como manera de reducir sus gastos”.
“Los trabajadores protestaron ante estas violaciones, con el apoyo del activista Martín Barrios. Cuando el empresario (Lucio Gil Zárate) no cumplió con un acuerdo, al cual se había comprometido; los trabajadores realizaron un paro para presionarle a resolver la situación. En represalia, el dueño de la empresa encerró a los trabajadores en la fábrica durante nueve horas. Cuando los trabajadores llegaron a trabajar al día siguiente, la entrada estaba cerrada y el portero les informó que estaban despedidos. Unos 163 trabajadores fueron así ilegalmente despedidos”.
“Cuando la empresa se negó a participar en un proceso de conciliación a través de la JLCA, los trabajadores iniciaron una marcha de protesta, que terminó en frente de la casa del empresario Gil Zárate. Cuatro semanas más tarde, el empresario declaró que Barrios había ingresado a su domicilio para exigirle dinero”.
Kearney señala: “los empresarios retrógradas siempre suelen tachar de ‘chantaje’ los esfuerzos de los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo. Efectivamente, los dueños de la máquila en Tehuacán, una de las principales regiones productores de vestido del país, vienen desde mucho tiempo atacando a la Comisión de Derechos Humanos y Sindicales por sus esfuerzos para mejorar las condiciones en la industria maquilera, acusándolo de ahuyentar la inversión extranjera.
“La realidad es que lo que arriesga con ahuyentar la inversión extranjera son las malas condiciones de trabajo y la persecución de aquéllos que intentan acabar con esta explotación”, dice el líder sindical.
“Con estas falsas acusasiones en contra de Martín Barrios, la situación ha llegado a un extremo muy serio, que arriesga con destrozar a la imagen de la industria del vestido de México”.
“El trabajo infantil, los descuentos salariales, las horas excesivas de trabajo, la violación del derecho de huelga, la privación de libertad de los trabajadores en huelga, y el despido ilegal sin pago de prestaciones, así como las falsas acusaciones en contra de activistas que intentan defender los derechos de sus trabajadores representan graves violaciones a las leyes de México y de las normas internacionales de trabajo”, indica Neil Kearney.
La FITTVC ha instado a las autoridades a intervenir para asegurar la liberación de Martín Barrios, así como a tomar medidas urgentes para asegurar que la industria textil y vestuario respete las leyes del país así como las normas internacionales.
También el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” exigió en un comunicado la liberación de Barrios, y recordó que “su trayectoria como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán da cuenta de su compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la región, y le ha valido el reconocimiento del Sistema UIA-ITESO mediante la concesión del Premio Tata Vasco”, otorgado a destacados defensores.
Añade que “en 2003 el trabajo de Martín Barrios fue objeto de represalias luego de que asumiera la defensa de 25 trabajadores despedidos injustificadamente por una maquiladora textil. El 30 de diciembre de ese año fue agredido e intimidado por un grupo de desconocidos, sin que hasta la fecha se hayan deslindado responsabilidades. Estos antecedentes, aunados al irregular contexto en que se dio su reciente detención, permiten presumir fundadamente que el proceso penal abierto en su contra busca inhibir su actividad como defensor de derechos humanos”.
“En este sentido, cabe mencionar que el Estado mexicano se ha comprometido a garantizar las condiciones en que el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos puede llevarse a cabo sin temor a represalias, mediante su adhesión a la Declaración sobre defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU. No obstante, la vulnerabilidad de los defensores en México ha sido señalada, entre otros, por Amnistía Internacional y el Centro Prodh”.
“El caso de Martín Barrios actualiza esta problemática y muestra la persistencia de prácticas tendientes a criminalizar el trabajo de los defensores y las defensoras. Como otras organizaciones han señalado, existen indicios para sostener que en el caso se ha utilizado el sistema de administración e impartición de justicia para reprimir a un defensor, vulnerando los principios básicos de división de poderes y Estado de Derecho”.
“En este sentido, resulta alarmante el clima de hostilidad hacia los defensores y las defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla, pues la proximidad de las detenciones de Lydia Cacho y Martín Barrios sugiere una práctica gubernamental de persecución”.
En otro documento público que comenzó a circular desde el viernes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, también equiparó el caso de Barrios con el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue encarcelada acusada de difamación por el apostador Kamel Nacif Borge, que es contratista de Lucio Gil Zárate. “Ambos comparten que suceden en el estado de Puebla y muestran como todo el aparato político y de justicia se organiza en contra de los defensores de derechos humanos”, dijo el organismo.
Dice Neil Kearney, secretario general de la FITTVC: “en lugar de encarcelar a Martín Barrios, las autoridades deberían felicitarle por defender los derechos de los trabajadores explotados”.
“Según informan sus trabajadores, existen muchas irregularidades en su fábrica. Las violaciones incluyen la falta de contractos, las jornadas de trabajo de 12 horas, el trabajo de menores, y un régimen de castigos a través de descuentos salariales, incluyendo para faltas mínimas tales como llegar un minuto tarde. Los trabajadores están perdiendo el 40 por ciento de su salario en descuentos impuestos injustamente por la empresa como manera de reducir sus gastos”.
“Los trabajadores protestaron ante estas violaciones, con el apoyo del activista Martín Barrios. Cuando el empresario (Lucio Gil Zárate) no cumplió con un acuerdo, al cual se había comprometido; los trabajadores realizaron un paro para presionarle a resolver la situación. En represalia, el dueño de la empresa encerró a los trabajadores en la fábrica durante nueve horas. Cuando los trabajadores llegaron a trabajar al día siguiente, la entrada estaba cerrada y el portero les informó que estaban despedidos. Unos 163 trabajadores fueron así ilegalmente despedidos”.
“Cuando la empresa se negó a participar en un proceso de conciliación a través de la JLCA, los trabajadores iniciaron una marcha de protesta, que terminó en frente de la casa del empresario Gil Zárate. Cuatro semanas más tarde, el empresario declaró que Barrios había ingresado a su domicilio para exigirle dinero”.
Kearney señala: “los empresarios retrógradas siempre suelen tachar de ‘chantaje’ los esfuerzos de los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo. Efectivamente, los dueños de la máquila en Tehuacán, una de las principales regiones productores de vestido del país, vienen desde mucho tiempo atacando a la Comisión de Derechos Humanos y Sindicales por sus esfuerzos para mejorar las condiciones en la industria maquilera, acusándolo de ahuyentar la inversión extranjera.
“La realidad es que lo que arriesga con ahuyentar la inversión extranjera son las malas condiciones de trabajo y la persecución de aquéllos que intentan acabar con esta explotación”, dice el líder sindical.
“Con estas falsas acusasiones en contra de Martín Barrios, la situación ha llegado a un extremo muy serio, que arriesga con destrozar a la imagen de la industria del vestido de México”.
“El trabajo infantil, los descuentos salariales, las horas excesivas de trabajo, la violación del derecho de huelga, la privación de libertad de los trabajadores en huelga, y el despido ilegal sin pago de prestaciones, así como las falsas acusaciones en contra de activistas que intentan defender los derechos de sus trabajadores representan graves violaciones a las leyes de México y de las normas internacionales de trabajo”, indica Neil Kearney.
La FITTVC ha instado a las autoridades a intervenir para asegurar la liberación de Martín Barrios, así como a tomar medidas urgentes para asegurar que la industria textil y vestuario respete las leyes del país así como las normas internacionales.
También el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” exigió en un comunicado la liberación de Barrios, y recordó que “su trayectoria como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán da cuenta de su compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la región, y le ha valido el reconocimiento del Sistema UIA-ITESO mediante la concesión del Premio Tata Vasco”, otorgado a destacados defensores.
Añade que “en 2003 el trabajo de Martín Barrios fue objeto de represalias luego de que asumiera la defensa de 25 trabajadores despedidos injustificadamente por una maquiladora textil. El 30 de diciembre de ese año fue agredido e intimidado por un grupo de desconocidos, sin que hasta la fecha se hayan deslindado responsabilidades. Estos antecedentes, aunados al irregular contexto en que se dio su reciente detención, permiten presumir fundadamente que el proceso penal abierto en su contra busca inhibir su actividad como defensor de derechos humanos”.
“En este sentido, cabe mencionar que el Estado mexicano se ha comprometido a garantizar las condiciones en que el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos puede llevarse a cabo sin temor a represalias, mediante su adhesión a la Declaración sobre defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU. No obstante, la vulnerabilidad de los defensores en México ha sido señalada, entre otros, por Amnistía Internacional y el Centro Prodh”.
“El caso de Martín Barrios actualiza esta problemática y muestra la persistencia de prácticas tendientes a criminalizar el trabajo de los defensores y las defensoras. Como otras organizaciones han señalado, existen indicios para sostener que en el caso se ha utilizado el sistema de administración e impartición de justicia para reprimir a un defensor, vulnerando los principios básicos de división de poderes y Estado de Derecho”.
“En este sentido, resulta alarmante el clima de hostilidad hacia los defensores y las defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla, pues la proximidad de las detenciones de Lydia Cacho y Martín Barrios sugiere una práctica gubernamental de persecución”.
En otro documento público que comenzó a circular desde el viernes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, también equiparó el caso de Barrios con el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue encarcelada acusada de difamación por el apostador Kamel Nacif Borge, que es contratista de Lucio Gil Zárate. “Ambos comparten que suceden en el estado de Puebla y muestran como todo el aparato político y de justicia se organiza en contra de los defensores de derechos humanos”, dijo el organismo.
Tuesday, January 03, 2006
EL GOBERNADOR DE PUEBLA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION
MARIO MARIN VS LIBERTAD DE EXPRESION
DIMINUTO GOBERNADOR ENEMIGO DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Veritas Odium ParidLocuciòn latina que significa la verdad engendra odioEn las últimas semanas la Procuraduría General de Justicia Del Estado mas corrupto del pais, o sea Puebla. se convirtió en la responsable de las relaciones entre los medios de comunicación y el poder. Y es que está prohibido opinar, criticar, disentir y censurar el comportamiento de quienes ejercen alguna función pública e incluso a sus amigos. El antecedente inmediato es de todos conocidos: Lydia Cacho, escritora y luchadora social quien fue aprehendida por una denuncia de difamación interpuesta por un poderoso que se sintió agraviado por un libro que jamás leyó y tampoco se le imputa ninguna acusación directa. Otros periodistas y reporteros también enfrentan denuncias por quienes consideran responsables de actos calumniosos. Ante cualquier crítica está de por medio la amenaza en el mejor de los casos, lo peor es la prisión. Es común escuchar en voz de quienes ejercen el poder que están guadardas varias demandas contra periodistas que "si se portan mal" se reactivan. ¿Nombres?: Fernando Alberto Crisanto, Mario Alberto Mejía, Arturo Luna, Valentín Varillas, Alejandro Mondragón, Rodolfo Ruiz Rodríguez, Enrique Núñez, Fermin Alejandro García, entre otros. "En Puebla la difamación se paga con la cárcel", declaró a finales de año el secretario de Gobernación, Javier López Zavala. El problema hoy es que se vive la judicialización del periodismo. La Procuraduría de Justicia del Estado asumió en los hechos el papel del "censor" de todo aquello que incomode a los poderosos. Desde finales de año este el compañero periodista Alejandro Mondragòn por ejemplo recibió marcaje personal de judiciales que en distintas momentos montaron guardia afuera de las oficinas de Status y Al Portador. A cualquier persona que entraba al edificio de Huamantla 55, colonia La Paz, le pedían informes sobre los hábitos de este reportero. PROHIBIDO RAZONAR Este lunes en Al Portador de la mañana se criticó el hecho que la Procuraduría de Justicia haya trasladado en avión comercial a un ex funcionario estatal implicado en una denuncia de homicidio, mientras que a Lydia Cacho la hayan traído por carretera durante 23 horas, lo que demostraba los dos pesos y las dos medidas de la justicia poblana. En el transcurso de la mañana llegó un oficio que se dejó como boletín de prensa donde se advierte al Alejandro Mondragon conocido periodista poblanao "es indiciado y debe declarar sobre hechos consignados en una averiguación (394/2005/DMS-VI, pues de lo contrario será detenido por elementos de la policía judicial". En distintos momentos se han enviado mensajes de políticos y personajes públicos sobre inminentes demandas penales en contra de las críticas de Alejandro Mondragon. La última llegó de parte de Fernando Escondrillas, frustrado aspirante a Zar Anticorrupción. El citado personaje asegura que cuenta con el visto bueno del gobernador Mario Marín Torres para demandar a este reportero". ¿Qué les pasa?. ¿Se imagina cuántas demandas habrá contra los medios que difundan documentos oficiales que jamás se han hecho públicos y que ahora por la Ley de Acceso a la Información se podrá divulgar?. El gobernador Mario Marín ha insistido una y otra vez que se mantendrá respetuoso de la libertad de expresión y que no existe ninguna actitud persecutoria contra la crítica. Sin embargo, hoy la pregunta en el gremio es una: ¿Quién sigue?. En el fondo, Es la expresion de la represiòn y la hipocresia de los lacayos del neoliberalismo que se dicen partidarios de las libertades pero en los hechos son brutales represores no importa que el que esto ejecute tenga 1.45 de estatura como Mario Marin, por ello es el gobernador diminuto no por su baja estatura sino por su bajo aprecio o dibe decir desprecio por los derechos humanos.Y la historia es sabia maestra que nos dice que todos los que han atentado contra la libertad de expresiòn y los derechos humanos acaban mal.
DIMINUTO GOBERNADOR ENEMIGO DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Veritas Odium ParidLocuciòn latina que significa la verdad engendra odioEn las últimas semanas la Procuraduría General de Justicia Del Estado mas corrupto del pais, o sea Puebla. se convirtió en la responsable de las relaciones entre los medios de comunicación y el poder. Y es que está prohibido opinar, criticar, disentir y censurar el comportamiento de quienes ejercen alguna función pública e incluso a sus amigos. El antecedente inmediato es de todos conocidos: Lydia Cacho, escritora y luchadora social quien fue aprehendida por una denuncia de difamación interpuesta por un poderoso que se sintió agraviado por un libro que jamás leyó y tampoco se le imputa ninguna acusación directa. Otros periodistas y reporteros también enfrentan denuncias por quienes consideran responsables de actos calumniosos. Ante cualquier crítica está de por medio la amenaza en el mejor de los casos, lo peor es la prisión. Es común escuchar en voz de quienes ejercen el poder que están guadardas varias demandas contra periodistas que "si se portan mal" se reactivan. ¿Nombres?: Fernando Alberto Crisanto, Mario Alberto Mejía, Arturo Luna, Valentín Varillas, Alejandro Mondragón, Rodolfo Ruiz Rodríguez, Enrique Núñez, Fermin Alejandro García, entre otros. "En Puebla la difamación se paga con la cárcel", declaró a finales de año el secretario de Gobernación, Javier López Zavala. El problema hoy es que se vive la judicialización del periodismo. La Procuraduría de Justicia del Estado asumió en los hechos el papel del "censor" de todo aquello que incomode a los poderosos. Desde finales de año este el compañero periodista Alejandro Mondragòn por ejemplo recibió marcaje personal de judiciales que en distintas momentos montaron guardia afuera de las oficinas de Status y Al Portador. A cualquier persona que entraba al edificio de Huamantla 55, colonia La Paz, le pedían informes sobre los hábitos de este reportero. PROHIBIDO RAZONAR Este lunes en Al Portador de la mañana se criticó el hecho que la Procuraduría de Justicia haya trasladado en avión comercial a un ex funcionario estatal implicado en una denuncia de homicidio, mientras que a Lydia Cacho la hayan traído por carretera durante 23 horas, lo que demostraba los dos pesos y las dos medidas de la justicia poblana. En el transcurso de la mañana llegó un oficio que se dejó como boletín de prensa donde se advierte al Alejandro Mondragon conocido periodista poblanao "es indiciado y debe declarar sobre hechos consignados en una averiguación (394/2005/DMS-VI, pues de lo contrario será detenido por elementos de la policía judicial". En distintos momentos se han enviado mensajes de políticos y personajes públicos sobre inminentes demandas penales en contra de las críticas de Alejandro Mondragon. La última llegó de parte de Fernando Escondrillas, frustrado aspirante a Zar Anticorrupción. El citado personaje asegura que cuenta con el visto bueno del gobernador Mario Marín Torres para demandar a este reportero". ¿Qué les pasa?. ¿Se imagina cuántas demandas habrá contra los medios que difundan documentos oficiales que jamás se han hecho públicos y que ahora por la Ley de Acceso a la Información se podrá divulgar?. El gobernador Mario Marín ha insistido una y otra vez que se mantendrá respetuoso de la libertad de expresión y que no existe ninguna actitud persecutoria contra la crítica. Sin embargo, hoy la pregunta en el gremio es una: ¿Quién sigue?. En el fondo, Es la expresion de la represiòn y la hipocresia de los lacayos del neoliberalismo que se dicen partidarios de las libertades pero en los hechos son brutales represores no importa que el que esto ejecute tenga 1.45 de estatura como Mario Marin, por ello es el gobernador diminuto no por su baja estatura sino por su bajo aprecio o dibe decir desprecio por los derechos humanos.Y la historia es sabia maestra que nos dice que todos los que han atentado contra la libertad de expresiòn y los derechos humanos acaban mal.
