Monday, January 09, 2006

 

DECLARACION DE LA FEDERACION DE SINDICATOS INDUSTRIA TEXTIL SOBRE PERSECUSION DE SINDICALISTAS PUEBLA MEXICO

En una carta dirigida a Marín, la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC ) –que tiene su sede en Bruselas y aglutina a 220 organizaciones afiliadas en 110 países, con una membresía combinada de 10 millones de trabajadores–, advirtió que “en el clima de competencia internacional intensa que existe en la industria vestuaria de hoy, México no puede permitirse ser visto como un país que viola las normas laborales internacionales”.
Dice Neil Kearney, secretario general de la FITTVC: “en lugar de encarcelar a Martín Barrios, las autoridades deberían felicitarle por defender los derechos de los trabajadores explotados”.
“Según informan sus trabajadores, existen muchas irregularidades en su fábrica. Las violaciones incluyen la falta de contractos, las jornadas de trabajo de 12 horas, el trabajo de menores, y un régimen de castigos a través de descuentos salariales, incluyendo para faltas mínimas tales como llegar un minuto tarde. Los trabajadores están perdiendo el 40 por ciento de su salario en descuentos impuestos injustamente por la empresa como manera de reducir sus gastos”.
“Los trabajadores protestaron ante estas violaciones, con el apoyo del activista Martín Barrios. Cuando el empresario (Lucio Gil Zárate) no cumplió con un acuerdo, al cual se había comprometido; los trabajadores realizaron un paro para presionarle a resolver la situación. En represalia, el dueño de la empresa encerró a los trabajadores en la fábrica durante nueve horas. Cuando los trabajadores llegaron a trabajar al día siguiente, la entrada estaba cerrada y el portero les informó que estaban despedidos. Unos 163 trabajadores fueron así ilegalmente despedidos”.
“Cuando la empresa se negó a participar en un proceso de conciliación a través de la JLCA, los trabajadores iniciaron una marcha de protesta, que terminó en frente de la casa del empresario Gil Zárate. Cuatro semanas más tarde, el empresario declaró que Barrios había ingresado a su domicilio para exigirle dinero”.
Kearney señala: “los empresarios retrógradas siempre suelen tachar de ‘chantaje’ los esfuerzos de los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo. Efectivamente, los dueños de la máquila en Tehuacán, una de las principales regiones productores de vestido del país, vienen desde mucho tiempo atacando a la Comisión de Derechos Humanos y Sindicales por sus esfuerzos para mejorar las condiciones en la industria maquilera, acusándolo de ahuyentar la inversión extranjera.
“La realidad es que lo que arriesga con ahuyentar la inversión extranjera son las malas condiciones de trabajo y la persecución de aquéllos que intentan acabar con esta explotación”, dice el líder sindical.
“Con estas falsas acusasiones en contra de Martín Barrios, la situación ha llegado a un extremo muy serio, que arriesga con destrozar a la imagen de la industria del vestido de México”.
“El trabajo infantil, los descuentos salariales, las horas excesivas de trabajo, la violación del derecho de huelga, la privación de libertad de los trabajadores en huelga, y el despido ilegal sin pago de prestaciones, así como las falsas acusaciones en contra de activistas que intentan defender los derechos de sus trabajadores representan graves violaciones a las leyes de México y de las normas internacionales de trabajo”, indica Neil Kearney.
La FITTVC ha instado a las autoridades a intervenir para asegurar la liberación de Martín Barrios, así como a tomar medidas urgentes para asegurar que la industria textil y vestuario respete las leyes del país así como las normas internacionales.
También el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” exigió en un comunicado la liberación de Barrios, y recordó que “su trayectoria como integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán da cuenta de su compromiso con los trabajadores y trabajadoras de la región, y le ha valido el reconocimiento del Sistema UIA-ITESO mediante la concesión del Premio Tata Vasco”, otorgado a destacados defensores.
Añade que “en 2003 el trabajo de Martín Barrios fue objeto de represalias luego de que asumiera la defensa de 25 trabajadores despedidos injustificadamente por una maquiladora textil. El 30 de diciembre de ese año fue agredido e intimidado por un grupo de desconocidos, sin que hasta la fecha se hayan deslindado responsabilidades. Estos antecedentes, aunados al irregular contexto en que se dio su reciente detención, permiten presumir fundadamente que el proceso penal abierto en su contra busca inhibir su actividad como defensor de derechos humanos”.
“En este sentido, cabe mencionar que el Estado mexicano se ha comprometido a garantizar las condiciones en que el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos puede llevarse a cabo sin temor a represalias, mediante su adhesión a la Declaración sobre defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU. No obstante, la vulnerabilidad de los defensores en México ha sido señalada, entre otros, por Amnistía Internacional y el Centro Prodh”.
“El caso de Martín Barrios actualiza esta problemática y muestra la persistencia de prácticas tendientes a criminalizar el trabajo de los defensores y las defensoras. Como otras organizaciones han señalado, existen indicios para sostener que en el caso se ha utilizado el sistema de administración e impartición de justicia para reprimir a un defensor, vulnerando los principios básicos de división de poderes y Estado de Derecho”.
“En este sentido, resulta alarmante el clima de hostilidad hacia los defensores y las defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla, pues la proximidad de las detenciones de Lydia Cacho y Martín Barrios sugiere una práctica gubernamental de persecución”.
En otro documento público que comenzó a circular desde el viernes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, también equiparó el caso de Barrios con el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue encarcelada acusada de difamación por el apostador Kamel Nacif Borge, que es contratista de Lucio Gil Zárate. “Ambos comparten que suceden en el estado de Puebla y muestran como todo el aparato político y de justicia se organiza en contra de los defensores de derechos humanos”, dijo el organismo.

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